La Orden de Protección Europea, aplazada hasta octubre

Cuestiones jurídicas y la firme oposición de la Comisión impiden adoptar por el momento una de las propuestas estrella de la Presidencia Española

Se trataba de poner a las víctimas en el centro de las políticas europeas, y de mostrar que la Unión Europea combate con todas sus herramientas la violencia de género. Este era el objetivo de la Presidencia Española y de otros 11 Estados cuando presentaron una propuesta para que las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género se siguieran ejecutando cuando la víctima se trasladase a otro país, garantizándole unas medidas de protección similiares frente al agresor.

El gran obstáculo ha sido que la base jurídica elegida, el artículo 82.1 (d), se refiere a la cooperación penal, pero se da el caso que en varios países quienes dictan las órdenes de protección son jueces civiles e incluso autoridades civiles. Esto ha provocado cierta reticencia por parte de algunos Estados, pero quién se ha opuesto con mayor virulencia a la propuesta ha sido la Comisión, celosa de su monopolio de iniciativa legislativa. En materia de cooperación penal una cuarta parte de los Estados puede presentar una propuesta legislativa.

En el Consejo JAI de abril la comisaria Reding ya amenazó con ir al Tribunal de Justicia para evitar que la propuesta saliese adelante. En esta ocasión ha negado en rueda de prensa que se hubiese conseguido la mayoría cualificada necesaria. En una repetición del enfrentamiento mantenido en la anterior rueda de prensa, el ministro Caamaño recordó que, según consta en el acta de la reunión, se había alcanzado una mayoría suficiente para adoptar la propuesta y que se esperaría hasta el Consejo de octubre para saber si Reino Unido quiere participar. La comisaria declaró posteriormente que ‘la UE debería estar trabajando para proteger a las víctimas en lugar de servir de marioneta de los intereses personales de una Presidencia rotatoria‘.

Sin embargo, la Comisión no tiene mucho que decir en este proceso. La Eurocámara está trabajando sobre un informe en el que se eliminan fácilmente los posibles obstáculos de carácter jurídico. La Comisión puede hacer las declaraciones que quiera, pero el Consejo y el Parlamento son los encargados de aprobar las leyes. Está por ver si la Comisión mantendrá el pulso interinstitucional hasta el otoño o, por el contrario, aceptará que no dispone del monopolio de iniciativa en materia de cooperación policial y judicial penal.

La UE iniciará en breve las negociaciones para adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La eficaz gestión de la Presidencia del Consejo permite iniciar un proceso que se preveía más largo

En su última reunión bajo Presidencia Española, el Consejo de Ministros de Justicia adoptó, prácticamente por unanimidad, el mandato de negociación para la adhesión de la Unión Europea. Un proceso muy interesante para los expertos en Derecho Internacional, por la novedad que supone que una organización internacional -la UE- se adhiera a un Convenio -el CEDH- creado en el marco de otra organización internacional -el Consejo de Europa, garante de los derechos humanos en nuestro continente desde 1949-.

Las negociaciones serán complejas, porque sin duda será necesario responder a grandes interrogantes jurídicos: ¿Podrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impugnar una norma de Derecho Europeo? ¿Cómo estará representada la Unión dentro del Tribunal de Justicia, tendrá su propio juez? ¿Qué pasará cuando se presente una demanda ante un Estado por una norma que traspone una Directiva, se podrá acusar a la Unión junto a los Estados? Estas y otras cuestiones se resolverán mediante unas largas y complejas negociaciones, que según dijo la comisaria Reding comenzarán en las próximas semanas. Pero por el momento España ha demostrado ser capaz de gestionar rápidamente los primeros pasos de un proceso que permitirá reforzar la protección de los Derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

Primeros pasos para un nuevo reglamento Roma III

14 Estados aplicarán por primera vez el mecanismo de la cooperación reforzada

El mecanismo de la cooperación reforzada se pone en marcha por primera vez con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a las parejas de nacionalidad distinta que decidan iniciar un proceso de separación o divorcio. De este modo se eliminarán problemas legales que entorpecen procesos ya de por sí dolorosos. En la actualidad existen en Europa más de 16 millones de matrimonios formados por personas de distinta nacionalidad, los denominados matrimonios internacionales, 140.00o de los cuales se rompen cada año. A los problemas lógicos de un proceso de separación se le añaden cuestiones sobre cuál es la ley que rige la separación o qué juez debe dictar una resolución judicial. Estos son los problemas de competencia y de ley aplicable que se pretenden solucionar con la nueva propuesta de Reglamento Roma III.

De nuevo se hacen evidentes los beneficios que aporta el Tratado de Lisboa, que dota de mayor efectividad a las instituciones de la Unión: en 2008 una propuesta en el mismo sentido fue rechazada tras dos años de discusiones en el Consejo. Con el nuevo marco institucional sólo han sido necesarios tres meses para aprobar el inicio de la cooperación reforzada, que ahora debe pasar por el Parlamento Europeo para su aprobación.

Adoptada la Directiva de interpretación y traducción en los procesos penales

Se trata de la primera directiva adoptada por el procedimiento legislativo ordinario

El Consejo JAI de 4 de junio ha aprobado la Directiva sobre los derechos de traducción e interpretación en los procesos penales en un tiempo récord de tiempo desde que fuera presentada en diciembre de 2009, lo que demuestra la eficacia del Tratado de Lisboa y de las reformas institucionales introducidas. Se trata de la primera norma aprobada por el Procedimiento Legislativo Ordinario, antes de Lisboa denominado co-decisión, en un área, la de cooperación penal, donde antes de Lisboa era necesaria la unanimidad en el Consejo y donde el Parlamento apenas participaba. Todo ello permitió que la jornada fuese calificada de “histórica” tanto por parte del Presidente del Consejo, Francisco Caamaño, como por la comisaria de Justicia, Viviane Reding, a pesar de que la Comisión intentó torpedear la propuesta presentada por España y otros 12 Estados.

La Directiva otorga a los ciudadanos europeos que sean procesados penalmente en otro Estado Miembro derecho a un intérprete durante el juicio y a la traducción de los documentos necesarios para poder defenderse durante el proceso. Se trata de una de las seis medidas previstas en la Hoja de ruta de garantías procesales, basada en un enfoque ‘paso a paso’. Según anunció la comisaria Reding, la semana que viene presentará la propuesta de Directiva sobre el Derecho de información sobre derechos de los acusados y los cargos de los que se e acusa.

El Parlamento quiere reforzar la protección de las víctimas de la violencia de género

El debate en comisión respalda la posición del Consejo frente a las reticencias de la Comisión

La lucha contra la violencia de género ha conseguido poner de acuerdo a Partido Popular y Socialista, dos de cuyas eurodiputadas, Teresa Jiménez Becerril y Carmen Romero, han presentado hoy un proyecto de informe sobre la Orden de Protección Europea. Lo han hecho en el marco del debate conjunto celebrado por el comité de Justicia y Derechos Civiles (LIBE) y el comité de Derechos de la Mujer (FEMM) del Parlamento Europeo.

El proyecto de informe refuerza la protección de las víctimas al introducir mejoras como la creación de un organismo que centralice la información o la puesta en marcha de campañas de prevención y concienciación. Pero sobre todo, al introducir enmiendas a la propuesta presentada por los Estados, el Parlamento refuerza la posición del Consejo, favorable a la creación de este herramienta de protección, frente a la Comisión, que se ha opuesto a la propuesta alegando problemas jurídicos.

El punto de fricción es el hecho de que las órdenes de protección sean emitidas, según el país, por una autoridad judicial penal, civil o incluso administrativa. Las ponentes solucionan rápidamente este obstáculo al definir la Orden de Protección Europea como una decisión que puede ser tomada por una autoridad judicial o equivalente, y considerar que la Directiva se debe aplicar de manera flexible, teniendo en cuenta que “la medida adoptada en el Estado ejecutor es conceptual y legalmente independiente de la medida de protección original tomada por el Estado emisor”. Esto demuestra que la actitud de la Comisión viene motivada, en realidad, por su deseo de mantener el monopolio de la iniciativa legislativa en el área de Justicia e Interior.

Acuerdo de compromiso sobre la Directiva de traducción e interpretación en los procesos penales

El COREPER aprobó ayer un texto de consenso que permitiría una rápida adopción de la propuesta

A pesar de los obstáculos que se ha encontrado en el camino, la propuesta de Directiva sobre el derecho a la traducción y a la interpretación en los procesos penales parece encontrar una salida mediante la adopción de un texto de compromiso acordado entre el Parlamento y el Consejo. Este texto es fruto de las negociaciones a tres bandas entre los dos co-legisladores y la Comisión. Mediante este triálogo se han salvado las diferencias que separaban al Consejo de la Eurocámara y, en particular, de la Comisión, que durante esta Presidencia ha puesto palos en las ruedas de la propuesta presentada por los Estados en diciembre de 2009. Celosa de su monopolio en la iniciativa legislativa, la Comisión llegó a presentar una propuesta de Directiva alternativa, una situación nunca vista antes en el proceso legislativo comunitario.

Finalmente el Parlamento trabajó sobre la base de la propuesta de los Estados, aunque incorporando algunas de las sugerencias de la Comisión. La propuesta de compromiso, que podría ser adoptada por el Consejo JAI de 3 de junio y posteriormente por el Parlamento en primera lectura, modifica la propuesta inicial, ampliando los derechos de la persona acusada en un juicio penal, permitiéndole acceso a un intérprete y a la traducción de los documentos en caso que no domine la lengua en la que se desarrolla el proceso.

La comisaria Reding torpedea la Orden de Protección Europea

Amenaza con ir al Tribunal de Justicia para frenar una de las iniciativas estrella de la Presidencia Española

Avisó claramente de sus intenciones antes de entrar a la reunión, cuando declaraba que la propuesta “no está madura,  está llena de contradicciones, y perjudicará a las víctimas al tiempo que beneficia a los abogados, que podrán aprovecharse de los litigios. Yo digo simplemente no. Yo voy a presentar el año que viene un acuerdo grande, importante, sólido.” Y amenazaba con acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que saliese adelante una norma que, según ella, viola los Tratados.

Los periodistas pudieron estar presentes durante el debate de los Ministros sobre la Orden de Protección, en que la gran mayoría de las delegaciones apoyó la propuesta de la Presidencia, aunque algunas recordaron los problemas jurídicos existentes. La propuesta pretende que la protección a las víctimas de la violencia de género se mantenga cuando la víctima se traslade a otro país de la UE. Como ejemplo, la protección policial que reciben unas 8.000 mujeres rumanas residentes en España se seguiría aplicando si volvieran a su país.

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