La UE se compromete a actuar en beneficio de los inmigrantes menores de edad que residen en Europa sin su familia

El Consejo apoya el Plan de Acción de la Comisión presentado a principios de mayo

En el último Consejo JAI de este semestre, los 27 dieron su visto bueno al Plan de Acción sobre los Menores No Acompañados, alcanzándose así uno de los objetivos de la Presidencia Española. Los Estados Miembros se comprometieron a enfrentar coordinadamente este problema en unas conclusiones adoptadas por unanimidad.

El Plan de Acción, adoptado por la Comisión el 6 de mayo, plantea una estrategia para afrontar el fenómeno de los menores de edad que llegan solos a territorio de la Unión: primero, mejorar la información disponible para evualuar la magnitud del fenómeno; segundo, prevenir la salida de menores en dirección a la UE; en el caso de que lleguen, adoptar medidas para acogerlos adecuadamente y garantizarles una serie de derechos; y por último, caso por caso, definir las posibles soluciones: repatriarlo junto a su familia, concederle el estatus de asilado o el reasentamiento dentro de la UE.

En respuesta al Plan de la Comisión, el Consejo propone nuevas medidas como la formación del personal de Frontex para responder mejor en casos de menores no acompañados, actuaciones de prevención en escuelas y comunidades locales de los países de origen de los inmigrantes, así como revisar la legislación europea en materia de migraciones para dar especial atención a los menores. Tal y como dijo en rueda de prensa la Secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón -en la imagen-, los Estados están de acuerdo en que la repatriación de los menores, la reagrupación con sus familias y la reintegración en su país de origen es la mejor opción para el menor, y sólo en caso de que no se encuentre a la familia o no se considere conveniente repatriar al menor se optará por otras actuaciones como la concesión del asilo o el reasentamiento.

Los Estados Miembros se reafirman en la política migratoria europea

El Consejo da su visto bueno a la evaluación del Pacto de Inmigración y Asilo en su primer año de aplicación

En unas conclusiones aprobadas en el Consejo JAI de 3 y 4 de junio, el último de la Presidencia Española, el Consejo ha apoyado la evaluación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, presentada por la Comisión a principios de mayo, como ya hemos explicado anteriormente.

En sus conclusiones el Consejo recuerda los progresos en la aplicación del Pacto desde que se firmó en octubre de 2008: la Directiva sobre la Tarjeta Azul, como medio para promover la inmigración legal; las Directivas de Retorno y de Sanciones a los Empleadores, dirigidas a reducir la inmigración ilegal; la propuesta, actualmente en discusión, para el refuerzo de las capacidades de Frontex -la Agencia europea de fronteras-; o el acuerdo sobre la Oficina Europea de Asilo, entre otras medidas.

Al mismo tiempo, los ministros de los 27 se plantean los objetivos a conseguir durante este año, un año en el que, a pesar de la crisis económica, no se debe cambiar el enfoque, basado en la promoción de la inmigración legal y el combate a las redes ilegales de tráfico de personas. Favorecer la inmigración de carácter laboral y la integración de los inmigrantes al tiempo que se refuerza el control de las fronteras y se incrementa la cooperación con terceros países es la vía para conseguir que las migraciones favorezcan tanto a los países europeos como a los países de origen de los inmigrantes.

El Acuerdo de readmisión de inmigrantes con Pakistán, a examen en el Parlamento

Se trata del primer acuerdo internacional de readmisión que sea examinado por la Eurocámara en base a las nuevas reglas del Tratado de

El día 1 de junio, en la próxima reunión del Comité LIBE, los eurodiputados examinarán el proyecto de opinión elaborado por la eurodiputada francesa Nicole Kiil-Nielsen sobre el Acuerdo de readmisión entre la UE y Pakistán, firmado en septiembre de 2008 después de largas negociaciones mantenidas entre 2004 y 2007.

La ponente de opinión recomienda al Parlamento rechazar el Acuerdo debido a la situación de violencia e inestabilidad en Pakistán, a la falta de preocupación de la Comisión durante las negociaciones respecto a la seguridad de los repatriados y a las sospechas de que el Acuerdo serviría para repatriar de forma encubierta a ciudadanos de Afganistán, un país que sufre una cruenta guerra entre los talibanes y las fuerzas internacionales.

Además, la ponente destaca la falta de evaluación de los anteriores Acuerdos de readmisión celebrados por la UE -once en total- y la poca información recibida por el Parlamento, una situación que deberá cambiar en el futuro. Es esencial recordar que, en base al nuevo marco institucional establecido por el Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene la capacidad de vetar acuerdos internacionales firmados por la UE, como ya vimos hace unos meses con el Acuerdo Swift.

Éste no será el único acuerdo de readmisión que el Parlamento deba examinar, puesto que el 5 de mayo la Comisión presentó un proyecto de Acuerdo de readmisión con Georgia. Por el momento la Comisión LIBE no ha designado un ponente para elaborar el informe correspondiente.

La Comisión presenta un plan para proteger a los inmigrantes menores de 18 años que vienen solos

La Comunicación de la Comisión era muy esperada por la Presidencia Española, que quiere enfrentar este problema como una prioridad del semestre.

El lunes 10 de mayo la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento el Plan de Acción sobre los menores no acompañados para el periodo 2010-2014. La propuesta de la Comisión busca prevenir que los menores se arriesguen a realizar peligrosos viajes hasta territorio europeo, sin ni tan siquiera ir acompañados de un adulto, así como a mejorar su situación una vez que se encuentren aquí. Datos de 2009 indican que son 5.158 los niños acogidos en España, 1.340 sólo en Canarias. Las medidas propuestas son:

  • En primer lugar, mejorar la información de que disponen las autoridades sobre las dimensiones de este problema, y a partir de esa información recogida por los estados, Frontex y la Oficina europea de Asilo, realizar un análisis adecuado del problema;
  • En segundo lugar, prevenir la trata de menores por las mafias de tráfico de inmigrantes mediante la cooperación con países terceros y las campañas de sensibilización en los países de origen de la inmigración. Estos proyectos serían financiados mediante fondos comunitarios;
  • Mejorar las capacidades de los países de tránsito para acoger y proteger a solicitantes de asilo;
  • La aplicación de una serie de medidas de recepción para aquellos menores que hayan llegado a Europa sin la compañía de un adulto, en colaboración con la sociedad civil, como pueden ser la acogida en alojamientos especiales para ellos o la provisión de servicios educativos y sanitarios;
  • El refuerzo de las garantías procesales que mejoren la protección del menor, como puede ser el nombramiento de un representante legal;
  • La evaluación de la edad exacta del menor y la búsqueda de su familia.

La Comisión concluye con las tres opciones posibles a largo plazo para los casos de inmigrantes  menores de edad que están en territorio europeo sin una persona adulta miembro de su familia: la reagrupación del menor, la concecisón de la protección internacional o el reasentamiento del menor. Tres opciones que deberán evaluarse caso por caso y en colaboración con organismos como el ACNUR.

España, a la cola de Europa en solicitudes de asilo

Sólo Portugal, Rumanía, Letonia y Estonia reciben un porcentaje menor de solicitudes de asilo

En el 2009 sólo tres millares de personas solicitaron asilo en España, lo que representa 65 solicitudes por cada milón de habitantes, una de las cifras más bajas del continente. La diferencia es abismal si se compara con las solicitudes presentadas en países como Bélgica (21.645,  unas 2.000 por millón de habitantes), Suecia (24.175, más de 2.600 por cada millón) o Malta, que, aún habiendo recibido menos solicitudes que España, en proporción significa unas 5.765 solicitudes por millón de habitantes. En valores absolutos, los países donde se presentaron más solicitudes de asilo fueron Francia, 47.000, Alemania, 31.000, y Reino Unido, 30.000.

Estas diferencias entre países tienen mucho que ver con el procentaje de solicitudes resueltas favorablemente, un ámbito en que España queda en un muy mal lugar. De las 4.480 solicitudes resueltas en 2009, únicamente se concedió la protección internacional a 350 personas, o lo que es lo mismo, menos del 10% de los solicitantes acceden al estátus de asilado. Este porcentaje contrasta con los niveles de Alemania, donde una de cada tres solicitudes se resuelve positivamente, Italia o Suecia, donde prácticamente cuatro de cada diez peticiones recibe una respuesta positiva, o los Países Bajos, que otorga el estátus de asilado a la mitad de los solicitantes de protección internacional. Ante estas diferencias, es normal que los refugiados prefieran dirigirse a los países más generosos en materia de asilo, evitando Estados como el nuestro, que ha decidido que la protección de los refugiados y los perseguidos por razones políticas o ideológicas no son un problema al que merezca la pena prestar atención.

Estos son los datos recogidos en el informe sobre el asilo en la UE que publica cada año la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. Con estas cifras se pone en duda el compromiso de España en la conformación del Sistema Europeo Común de Asilo, cuya consolidación es una de las prioridades de la Presidencia Española en materia de inmigración.

En primicia, la evaluación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo

En el Consejo Europeo de diciembre de 2008, bajo Presidencia Francesa, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 adoptaron el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, estableciendo las bases de la política europea común en este ámbito. Los 27 acordaron las líneas de actuación en cinco aspectos:

  • El combate a la inmigración ilegal;
  • La promoción  de la inmigración legal;
  • La construcción de un Sistema Común de Asilo;
  • El control de las fronteras;
  • El diálogo con los países de origen y tránsito de los inmigrantes.

En los próximos días la Comisión debería hacer pública una comunicación -a cuyo documento preliminar ha tenido acceso elsjpresidencia– en la que realiza la primera Evaluación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, siguiendo un método de evaluación aprobado el verano pasado. El ejecutivo comunitario analiza para cada uno de los cinco puntos los instrumentos adoptados a nivel europeo -legislación, fondos, agencias, redes, acuerdos con terceros países-, el grado de aplicación por parte de los Estados, y a partir de este análisis hace una serie de recomendaciones para el futuro. Además, dedica un apartado al impacto de la crisis económica en la llegada de inmigrantes, la situación de los que están aquí y en las remesas que envían a sus países.

La Comisión concluye con una visión positiva su evaluación de los resultados del Pacto en su primer año, pero recuerda a los Estados que es necesario seguir avanzando para alcanzar una verdadera política común en el ámbito de las migraciones y la protección internacional. Con la presentación de la comunicación se cumplirá uno de los objetivos de la Presidencia Española en materia de Justicia e Interior.

“El Tratado de Lisboa acerca Europa a los ciudadanos”

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y suplente en la comisión LIBE, analiza para este blog el nuevo marco institucional y sus efectos en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Jáuregui ha destacado que el nuevo Tratado “supone, entre otras muchas cosas,  el acercamiento de las instituciones europeas a los ciudadanos”. 

El Tratado de Lisboa ha supuesto una gran transformación institucional, ¿cómo creen que influirá en la evolución y construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia?

El Tratado de Lisboa contribuirá a consolidar una de las grandes prioridades de la Unión Europea, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia al facilitar una actuación más amplia, legítima, eficaz, transparente y democrática de la Unión Europea en este campo. La desaparición de los pilares, el protagonismo del Parlamento Europeo como colegislador en ámbitos donde hasta ahora sólo era consultado, la extensión del principio de mayoría cualificada en el Consejo, la participación de los Parlamentos nacionales en el examen y la elaboración de dictámenes sobre temas de justicia, libertad y seguridad, la posibilidad para los Estados miembros de promover iniciativas legislativas sobre cooperación policial operativa, justicia penal y cooperación administrativa y el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales contribuirán al crecimiento de este espacio y al fin de de los repetidos bloqueos de propuestas.

 ¿Puede afectar en este proceso la división de funciones entre la Comisaria de Interior, Cecilia Mälstrom, y la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding?

No, creo que es positiva esa división de funciones entre ambas Comisarias. Las competencias de ambas carteras están claramente estructuradas y no se ha producido hasta el momento un conflicto de competencias entre las mismas. Además, la creación del puesto de Comisaria de Derechos Fundamentales y Ciudadanía consolida el espacio europeo de protección de derechos fundamentales y la Europa de los ciudadanos.

Se observa una cierta tensión entre instituciones por el rechazo del Parlamento Europeo al acuerdo Swift o la propuesta de Directiva de traducción e interpretación de la comisaria Reding. ¿Descoordinación o pulso interinstitucional?

Creo que nos encontramos en ambos casos ante una situación de pulso interinstitucional entre instituciones. En el caso de Swift, la decisión del Consejo de firmar el acuerdo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que atribuye al Parlamento Europeo un poder vinculante de veto, molestó profundamente a la Eurocámara.

En el caso de la Directiva de traducción e interpretación, la Comisión ha querido hacer valer su derecho de iniciativa presentando un texto que incluye mejoras al texto de Directiva del Consejo presentado en diciembre de 2009 en forma Iniciativa de 13 Estados miembros. Es evidente que la Comisión quiere seguir monopolizando el poder de iniciativa y que aspira a que la utilización del artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que otorga a los Estados el derecho de iniciativa legislativa no le reste protagonismo.

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