La Orden de Protección Europea, aplazada hasta octubre

Cuestiones jurídicas y la firme oposición de la Comisión impiden adoptar por el momento una de las propuestas estrella de la Presidencia Española

Se trataba de poner a las víctimas en el centro de las políticas europeas, y de mostrar que la Unión Europea combate con todas sus herramientas la violencia de género. Este era el objetivo de la Presidencia Española y de otros 11 Estados cuando presentaron una propuesta para que las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género se siguieran ejecutando cuando la víctima se trasladase a otro país, garantizándole unas medidas de protección similiares frente al agresor.

El gran obstáculo ha sido que la base jurídica elegida, el artículo 82.1 (d), se refiere a la cooperación penal, pero se da el caso que en varios países quienes dictan las órdenes de protección son jueces civiles e incluso autoridades civiles. Esto ha provocado cierta reticencia por parte de algunos Estados, pero quién se ha opuesto con mayor virulencia a la propuesta ha sido la Comisión, celosa de su monopolio de iniciativa legislativa. En materia de cooperación penal una cuarta parte de los Estados puede presentar una propuesta legislativa.

En el Consejo JAI de abril la comisaria Reding ya amenazó con ir al Tribunal de Justicia para evitar que la propuesta saliese adelante. En esta ocasión ha negado en rueda de prensa que se hubiese conseguido la mayoría cualificada necesaria. En una repetición del enfrentamiento mantenido en la anterior rueda de prensa, el ministro Caamaño recordó que, según consta en el acta de la reunión, se había alcanzado una mayoría suficiente para adoptar la propuesta y que se esperaría hasta el Consejo de octubre para saber si Reino Unido quiere participar. La comisaria declaró posteriormente que ‘la UE debería estar trabajando para proteger a las víctimas en lugar de servir de marioneta de los intereses personales de una Presidencia rotatoria‘.

Sin embargo, la Comisión no tiene mucho que decir en este proceso. La Eurocámara está trabajando sobre un informe en el que se eliminan fácilmente los posibles obstáculos de carácter jurídico. La Comisión puede hacer las declaraciones que quiera, pero el Consejo y el Parlamento son los encargados de aprobar las leyes. Está por ver si la Comisión mantendrá el pulso interinstitucional hasta el otoño o, por el contrario, aceptará que no dispone del monopolio de iniciativa en materia de cooperación policial y judicial penal.

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