La Orden de Protección Europea, aplazada hasta octubre

Cuestiones jurídicas y la firme oposición de la Comisión impiden adoptar por el momento una de las propuestas estrella de la Presidencia Española

Se trataba de poner a las víctimas en el centro de las políticas europeas, y de mostrar que la Unión Europea combate con todas sus herramientas la violencia de género. Este era el objetivo de la Presidencia Española y de otros 11 Estados cuando presentaron una propuesta para que las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género se siguieran ejecutando cuando la víctima se trasladase a otro país, garantizándole unas medidas de protección similiares frente al agresor.

El gran obstáculo ha sido que la base jurídica elegida, el artículo 82.1 (d), se refiere a la cooperación penal, pero se da el caso que en varios países quienes dictan las órdenes de protección son jueces civiles e incluso autoridades civiles. Esto ha provocado cierta reticencia por parte de algunos Estados, pero quién se ha opuesto con mayor virulencia a la propuesta ha sido la Comisión, celosa de su monopolio de iniciativa legislativa. En materia de cooperación penal una cuarta parte de los Estados puede presentar una propuesta legislativa.

En el Consejo JAI de abril la comisaria Reding ya amenazó con ir al Tribunal de Justicia para evitar que la propuesta saliese adelante. En esta ocasión ha negado en rueda de prensa que se hubiese conseguido la mayoría cualificada necesaria. En una repetición del enfrentamiento mantenido en la anterior rueda de prensa, el ministro Caamaño recordó que, según consta en el acta de la reunión, se había alcanzado una mayoría suficiente para adoptar la propuesta y que se esperaría hasta el Consejo de octubre para saber si Reino Unido quiere participar. La comisaria declaró posteriormente que ‘la UE debería estar trabajando para proteger a las víctimas en lugar de servir de marioneta de los intereses personales de una Presidencia rotatoria‘.

Sin embargo, la Comisión no tiene mucho que decir en este proceso. La Eurocámara está trabajando sobre un informe en el que se eliminan fácilmente los posibles obstáculos de carácter jurídico. La Comisión puede hacer las declaraciones que quiera, pero el Consejo y el Parlamento son los encargados de aprobar las leyes. Está por ver si la Comisión mantendrá el pulso interinstitucional hasta el otoño o, por el contrario, aceptará que no dispone del monopolio de iniciativa en materia de cooperación policial y judicial penal.

La UE iniciará en breve las negociaciones para adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La eficaz gestión de la Presidencia del Consejo permite iniciar un proceso que se preveía más largo

En su última reunión bajo Presidencia Española, el Consejo de Ministros de Justicia adoptó, prácticamente por unanimidad, el mandato de negociación para la adhesión de la Unión Europea. Un proceso muy interesante para los expertos en Derecho Internacional, por la novedad que supone que una organización internacional -la UE- se adhiera a un Convenio -el CEDH- creado en el marco de otra organización internacional -el Consejo de Europa, garante de los derechos humanos en nuestro continente desde 1949-.

Las negociaciones serán complejas, porque sin duda será necesario responder a grandes interrogantes jurídicos: ¿Podrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impugnar una norma de Derecho Europeo? ¿Cómo estará representada la Unión dentro del Tribunal de Justicia, tendrá su propio juez? ¿Qué pasará cuando se presente una demanda ante un Estado por una norma que traspone una Directiva, se podrá acusar a la Unión junto a los Estados? Estas y otras cuestiones se resolverán mediante unas largas y complejas negociaciones, que según dijo la comisaria Reding comenzarán en las próximas semanas. Pero por el momento España ha demostrado ser capaz de gestionar rápidamente los primeros pasos de un proceso que permitirá reforzar la protección de los Derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

Primeros pasos para un nuevo reglamento Roma III

14 Estados aplicarán por primera vez el mecanismo de la cooperación reforzada

El mecanismo de la cooperación reforzada se pone en marcha por primera vez con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a las parejas de nacionalidad distinta que decidan iniciar un proceso de separación o divorcio. De este modo se eliminarán problemas legales que entorpecen procesos ya de por sí dolorosos. En la actualidad existen en Europa más de 16 millones de matrimonios formados por personas de distinta nacionalidad, los denominados matrimonios internacionales, 140.00o de los cuales se rompen cada año. A los problemas lógicos de un proceso de separación se le añaden cuestiones sobre cuál es la ley que rige la separación o qué juez debe dictar una resolución judicial. Estos son los problemas de competencia y de ley aplicable que se pretenden solucionar con la nueva propuesta de Reglamento Roma III.

De nuevo se hacen evidentes los beneficios que aporta el Tratado de Lisboa, que dota de mayor efectividad a las instituciones de la Unión: en 2008 una propuesta en el mismo sentido fue rechazada tras dos años de discusiones en el Consejo. Con el nuevo marco institucional sólo han sido necesarios tres meses para aprobar el inicio de la cooperación reforzada, que ahora debe pasar por el Parlamento Europeo para su aprobación.

Adoptada la Directiva de interpretación y traducción en los procesos penales

Se trata de la primera directiva adoptada por el procedimiento legislativo ordinario

El Consejo JAI de 4 de junio ha aprobado la Directiva sobre los derechos de traducción e interpretación en los procesos penales en un tiempo récord de tiempo desde que fuera presentada en diciembre de 2009, lo que demuestra la eficacia del Tratado de Lisboa y de las reformas institucionales introducidas. Se trata de la primera norma aprobada por el Procedimiento Legislativo Ordinario, antes de Lisboa denominado co-decisión, en un área, la de cooperación penal, donde antes de Lisboa era necesaria la unanimidad en el Consejo y donde el Parlamento apenas participaba. Todo ello permitió que la jornada fuese calificada de “histórica” tanto por parte del Presidente del Consejo, Francisco Caamaño, como por la comisaria de Justicia, Viviane Reding, a pesar de que la Comisión intentó torpedear la propuesta presentada por España y otros 12 Estados.

La Directiva otorga a los ciudadanos europeos que sean procesados penalmente en otro Estado Miembro derecho a un intérprete durante el juicio y a la traducción de los documentos necesarios para poder defenderse durante el proceso. Se trata de una de las seis medidas previstas en la Hoja de ruta de garantías procesales, basada en un enfoque ‘paso a paso’. Según anunció la comisaria Reding, la semana que viene presentará la propuesta de Directiva sobre el Derecho de información sobre derechos de los acusados y los cargos de los que se e acusa.

Recta final de las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo Swift

La comisaria Malström presentará el nuevo texto en las próximas semanas

En el Consejo de Ministros del jueves 3 de junio la comisaria Malström informó a los responsables de Interior de los 27 del estado de las negociaciones con Estados Unidos sobre el nuevo Acuerdo Swift. La comisaria de Interior, que llegó a Luxemburgo procedente directamente de Washington, anunció su intención de presentar un texto definitivo en las próximas semanas. El Acuerdo, que sustituye al que fue rechazado en febrero por la Eurocámara, requiere de la aprobación de la mayoría del Parlamento y de la unanimidad en el Consejo.

Se trata de un Acuerdo negociado en tiempo récord, si tenemos en cuenta que el mandato de negociación fue presentado por la Comisión a finales de marzo y que las negociaciones entre los EE.UU. y la Comisión comenzaron el 12 de mayo. Esto demuestra la importancia que ambas partes dan a la transferencia de datos bancarios como una herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo. El discurso del vicepresidente Biden ante la Eurocámara, el seis de mayo, pidiendo a los eurodiputados revocar su inicial rechazo al Acuerdo, y la reciente adopción de una Declaración UE-EEUU sobre antiterrorismo, son otros indicios de la necesidad de seguir colaborando en la lucha contra el terrorismo internacional.

El presidente del Consejo, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó su agradecimiento a la Comisión por los grandes esfuerzos realizados y por mantener informada a la Presidencia del Consejo regularmente sobre los avances de las negociaciones. Para España sería un gran éxito que el Acuerdo se presentase dentro del semestre de la Presidencia española del Consejo, puesto que una de sus prioridades era el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos en materia JAI.

El Consejo y la Comisión, enfrentados sobre el rumbo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

El Consejo se muestra crítico con el Plan de Acción del Programa de Estocolmo adoptado por la Comisión

La puesta en marcha del Tratado de Lisboa está siendo especialmente complicada en lo relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. A las transformaciones institucionales introducidas debe añadirse la actitud de la comisión Barroso II que, igual que el Parlamento, están marcando terreno en el nuevo mapa institucional. Un ejemplo de ello es el Plan de Acción en el que se detallan con medidas y plazos concretos las grandes líneas acordadas en el Programa de Estocolmo.

La Comisión presentó en abril, dentro del plazo previsto, un Plan de Acción con un calendario de las iniciativas legislativas -Reglamentos, Directivas- y no legislativas que se presentarán en los próximos cinco años. A pesar de que el Consejo y el Parlamento son las dos instituciones que han de aprobar, con las modificaciones necesarias, las propuestas presentadas por la Comisión, ésta decidió no consultar a los dos co-legisladores sobre el Plan presentado. La Comisión alegó que, al ser una medida ejecutiva, no tiene la obligación de pedir la aprobación del Consejo ni de la Eurocámara. Una visión poco inteligente, porque el equilibrio institucional en la Unión obliga a consensuar las políticas con todos los actores, pero que refleja claramente los deseos de la Comisión de tomar las riendas en el ámbito de Justicia e Interior

Rubalcaba y Malström en la rueda de prensa

El Consejo, que no ha podido modificar una coma del Plan de Acción, ha expresado su posición crítica mediante unas Conclusiones en las que señala que “algunas de las acciones propuestas por la Comisión no están en consonancia con el Programa de Estocolmo, mientras que otras que sí figuran en el Programa de Estocolmo no se recogen en la Comunicación de la Comisión“. Unas palabras muy duras y explícitas para el lenguaje diplomático y comedido que suele utilizarse en Bruselas, lo que muestra el enfado de los Estados, que ven cómo pierden el poder de decidir las estrategias a largo plazo. La cuestión es si el enfrentamiento se volverá a producir cuando la Comisión presente iniciativas que no sean del agrado de los países.

La UE se compromete a actuar en beneficio de los inmigrantes menores de edad que residen en Europa sin su familia

El Consejo apoya el Plan de Acción de la Comisión presentado a principios de mayo

En el último Consejo JAI de este semestre, los 27 dieron su visto bueno al Plan de Acción sobre los Menores No Acompañados, alcanzándose así uno de los objetivos de la Presidencia Española. Los Estados Miembros se comprometieron a enfrentar coordinadamente este problema en unas conclusiones adoptadas por unanimidad.

El Plan de Acción, adoptado por la Comisión el 6 de mayo, plantea una estrategia para afrontar el fenómeno de los menores de edad que llegan solos a territorio de la Unión: primero, mejorar la información disponible para evualuar la magnitud del fenómeno; segundo, prevenir la salida de menores en dirección a la UE; en el caso de que lleguen, adoptar medidas para acogerlos adecuadamente y garantizarles una serie de derechos; y por último, caso por caso, definir las posibles soluciones: repatriarlo junto a su familia, concederle el estatus de asilado o el reasentamiento dentro de la UE.

En respuesta al Plan de la Comisión, el Consejo propone nuevas medidas como la formación del personal de Frontex para responder mejor en casos de menores no acompañados, actuaciones de prevención en escuelas y comunidades locales de los países de origen de los inmigrantes, así como revisar la legislación europea en materia de migraciones para dar especial atención a los menores. Tal y como dijo en rueda de prensa la Secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón -en la imagen-, los Estados están de acuerdo en que la repatriación de los menores, la reagrupación con sus familias y la reintegración en su país de origen es la mejor opción para el menor, y sólo en caso de que no se encuentre a la familia o no se considere conveniente repatriar al menor se optará por otras actuaciones como la concesión del asilo o el reasentamiento.