Se trataba de poner a las víctimas en el centro de las políticas europeas, y de mostrar que la Unión Europea combate con todas sus herramientas la violencia de género. Este era el objetivo de la Presidencia Española y de otros 11 Estados cuando presentaron una propuesta para que las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género se siguieran ejecutando cuando la víctima se trasladase a otro país, garantizándole unas medidas de protección similiares frente al agresor.

El gran obstáculo ha sido que la base jurídica elegida, el artículo 82.1 (d), se refiere a la cooperación penal, pero se da el caso que en varios países quienes dictan las órdenes de protección son jueces civiles e incluso autoridades civiles. Esto ha provocado cierta reticencia por parte de algunos Estados, pero quién se ha opuesto con mayor virulencia a la propuesta ha sido la Comisión, celosa de su monopolio de iniciativa legislativa. En materia de cooperación penal una cuarta parte de los Estados puede presentar una propuesta legislativa.

En el Consejo JAI de abril la comisaria Reding ya amenazó con ir al Tribunal de Justicia para evitar que la propuesta saliese adelante. En esta ocasión ha negado en rueda de prensa que se hubiese conseguido la mayoría cualificada necesaria. En una repetición del enfrentamiento mantenido en la anterior rueda de prensa, el ministro Caamaño recordó que, según consta en el acta de la reunión, se había alcanzado una mayoría suficiente para adoptar la propuesta y que se esperaría hasta el Consejo de octubre para saber si Reino Unido quiere participar. La comisaria declaró posteriormente que ‘la UE debería estar trabajando para proteger a las víctimas en lugar de servir de marioneta de los intereses personales de una Presidencia rotatoria‘.

Sin embargo, la Comisión no tiene mucho que decir en este proceso. La Eurocámara está trabajando sobre un informe en el que se eliminan fácilmente los posibles obstáculos de carácter jurídico. La Comisión puede hacer las declaraciones que quiera, pero el Consejo y el Parlamento son los encargados de aprobar las leyes. Está por ver si la Comisión mantendrá el pulso interinstitucional hasta el otoño o, por el contrario, aceptará que no dispone del monopolio de iniciativa en materia de cooperación policial y judicial penal.

En su última reunión bajo Presidencia Española, el Consejo de Ministros de Justicia adoptó, prácticamente por unanimidad, el mandato de negociación para la adhesión de la Unión Europea. Un proceso muy interesante para los expertos en Derecho Internacional, por la novedad que supone que una organización internacional -la UE- se adhiera a un Convenio -el CEDH- creado en el marco de otra organización internacional -el Consejo de Europa, garante de los derechos humanos en nuestro continente desde 1949-.

Las negociaciones serán complejas, porque sin duda será necesario responder a grandes interrogantes jurídicos: ¿Podrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impugnar una norma de Derecho Europeo? ¿Cómo estará representada la Unión dentro del Tribunal de Justicia, tendrá su propio juez? ¿Qué pasará cuando se presente una demanda ante un Estado por una norma que traspone una Directiva, se podrá acusar a la Unión junto a los Estados? Estas y otras cuestiones se resolverán mediante unas largas y complejas negociaciones, que según dijo la comisaria Reding comenzarán en las próximas semanas. Pero por el momento España ha demostrado ser capaz de gestionar rápidamente los primeros pasos de un proceso que permitirá reforzar la protección de los Derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

El mecanismo de la cooperación reforzada se pone en marcha por primera vez con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a las parejas de nacionalidad distinta que decidan iniciar un proceso de separación o divorcio. De este modo se eliminarán problemas legales que entorpecen procesos ya de por sí dolorosos. En la actualidad existen en Europa más de 16 millones de matrimonios formados por personas de distinta nacionalidad, los denominados matrimonios internacionales, 140.00o de los cuales se rompen cada año. A los problemas lógicos de un proceso de separación se le añaden cuestiones sobre cuál es la ley que rige la separación o qué juez debe dictar una resolución judicial. Estos son los problemas de competencia y de ley aplicable que se pretenden solucionar con la nueva propuesta de Reglamento Roma III.

De nuevo se hacen evidentes los beneficios que aporta el Tratado de Lisboa, que dota de mayor efectividad a las instituciones de la Unión: en 2008 una propuesta en el mismo sentido fue rechazada tras dos años de discusiones en el Consejo. Con el nuevo marco institucional sólo han sido necesarios tres meses para aprobar el inicio de la cooperación reforzada, que ahora debe pasar por el Parlamento Europeo para su aprobación.

El Consejo JAI de 4 de junio ha aprobado la Directiva sobre los derechos de traducción e interpretación en los procesos penales en un tiempo récord de tiempo desde que fuera presentada en diciembre de 2009, lo que demuestra la eficacia del Tratado de Lisboa y de las reformas institucionales introducidas. Se trata de la primera norma aprobada por el Procedimiento Legislativo Ordinario, antes de Lisboa denominado co-decisión, en un área, la de cooperación penal, donde antes de Lisboa era necesaria la unanimidad en el Consejo y donde el Parlamento apenas participaba. Todo ello permitió que la jornada fuese calificada de “histórica” tanto por parte del Presidente del Consejo, Francisco Caamaño, como por la comisaria de Justicia, Viviane Reding, a pesar de que la Comisión intentó torpedear la propuesta presentada por España y otros 12 Estados.

La Directiva otorga a los ciudadanos europeos que sean procesados penalmente en otro Estado Miembro derecho a un intérprete durante el juicio y a la traducción de los documentos necesarios para poder defenderse durante el proceso. Se trata de una de las seis medidas previstas en la Hoja de ruta de garantías procesales, basada en un enfoque ‘paso a paso’. Según anunció la comisaria Reding, la semana que viene presentará la propuesta de Directiva sobre el Derecho de información sobre derechos de los acusados y los cargos de los que se e acusa.

En el Consejo de Ministros del jueves 3 de junio la comisaria Malström informó a los responsables de Interior de los 27 del estado de las negociaciones con Estados Unidos sobre el nuevo Acuerdo Swift. La comisaria de Interior, que llegó a Luxemburgo procedente directamente de Washington, anunció su intención de presentar un texto definitivo en las próximas semanas. El Acuerdo, que sustituye al que fue rechazado en febrero por la Eurocámara, requiere de la aprobación de la mayoría del Parlamento y de la unanimidad en el Consejo.

Se trata de un Acuerdo negociado en tiempo récord, si tenemos en cuenta que el mandato de negociación fue presentado por la Comisión a finales de marzo y que las negociaciones entre los EE.UU. y la Comisión comenzaron el 12 de mayo. Esto demuestra la importancia que ambas partes dan a la transferencia de datos bancarios como una herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo. El discurso del vicepresidente Biden ante la Eurocámara, el seis de mayo, pidiendo a los eurodiputados revocar su inicial rechazo al Acuerdo, y la reciente adopción de una Declaración UE-EEUU sobre antiterrorismo, son otros indicios de la necesidad de seguir colaborando en la lucha contra el terrorismo internacional.

El presidente del Consejo, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó su agradecimiento a la Comisión por los grandes esfuerzos realizados y por mantener informada a la Presidencia del Consejo regularmente sobre los avances de las negociaciones. Para España sería un gran éxito que el Acuerdo se presentase dentro del semestre de la Presidencia española del Consejo, puesto que una de sus prioridades era el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos en materia JAI.

La puesta en marcha del Tratado de Lisboa está siendo especialmente complicada en lo relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. A las transformaciones institucionales introducidas debe añadirse la actitud de la comisión Barroso II que, igual que el Parlamento, están marcando terreno en el nuevo mapa institucional. Un ejemplo de ello es el Plan de Acción en el que se detallan con medidas y plazos concretos las grandes líneas acordadas en el Programa de Estocolmo.

La Comisión presentó en abril, dentro del plazo previsto, un Plan de Acción con un calendario de las iniciativas legislativas -Reglamentos, Directivas- y no legislativas que se presentarán en los próximos cinco años. A pesar de que el Consejo y el Parlamento son las dos instituciones que han de aprobar, con las modificaciones necesarias, las propuestas presentadas por la Comisión, ésta decidió no consultar a los dos co-legisladores sobre el Plan presentado. La Comisión alegó que, al ser una medida ejecutiva, no tiene la obligación de pedir la aprobación del Consejo ni de la Eurocámara. Una visión poco inteligente, porque el equilibrio institucional en la Unión obliga a consensuar las políticas con todos los actores, pero que refleja claramente los deseos de la Comisión de tomar las riendas en el ámbito de Justicia e Interior

Rubalcaba y Malström en la rueda de prensa

El Consejo, que no ha podido modificar una coma del Plan de Acción, ha expresado su posición crítica mediante unas Conclusiones en las que señala que “algunas de las acciones propuestas por la Comisión no están en consonancia con el Programa de Estocolmo, mientras que otras que sí figuran en el Programa de Estocolmo no se recogen en la Comunicación de la Comisión“. Unas palabras muy duras y explícitas para el lenguaje diplomático y comedido que suele utilizarse en Bruselas, lo que muestra el enfado de los Estados, que ven cómo pierden el poder de decidir las estrategias a largo plazo. La cuestión es si el enfrentamiento se volverá a producir cuando la Comisión presente iniciativas que no sean del agrado de los países.

En el último Consejo JAI de este semestre, los 27 dieron su visto bueno al Plan de Acción sobre los Menores No Acompañados, alcanzándose así uno de los objetivos de la Presidencia Española. Los Estados Miembros se comprometieron a enfrentar coordinadamente este problema en unas conclusiones adoptadas por unanimidad.

El Plan de Acción, adoptado por la Comisión el 6 de mayo, plantea una estrategia para afrontar el fenómeno de los menores de edad que llegan solos a territorio de la Unión: primero, mejorar la información disponible para evualuar la magnitud del fenómeno; segundo, prevenir la salida de menores en dirección a la UE; en el caso de que lleguen, adoptar medidas para acogerlos adecuadamente y garantizarles una serie de derechos; y por último, caso por caso, definir las posibles soluciones: repatriarlo junto a su familia, concederle el estatus de asilado o el reasentamiento dentro de la UE.

En respuesta al Plan de la Comisión, el Consejo propone nuevas medidas como la formación del personal de Frontex para responder mejor en casos de menores no acompañados, actuaciones de prevención en escuelas y comunidades locales de los países de origen de los inmigrantes, así como revisar la legislación europea en materia de migraciones para dar especial atención a los menores. Tal y como dijo en rueda de prensa la Secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón -en la imagen-, los Estados están de acuerdo en que la repatriación de los menores, la reagrupación con sus familias y la reintegración en su país de origen es la mejor opción para el menor, y sólo en caso de que no se encuentre a la familia o no se considere conveniente repatriar al menor se optará por otras actuaciones como la concesión del asilo o el reasentamiento.

En unas conclusiones aprobadas en el Consejo JAI de 3 y 4 de junio, el último de la Presidencia Española, el Consejo ha apoyado la evaluación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, presentada por la Comisión a principios de mayo, como ya hemos explicado anteriormente.

En sus conclusiones el Consejo recuerda los progresos en la aplicación del Pacto desde que se firmó en octubre de 2008: la Directiva sobre la Tarjeta Azul, como medio para promover la inmigración legal; las Directivas de Retorno y de Sanciones a los Empleadores, dirigidas a reducir la inmigración ilegal; la propuesta, actualmente en discusión, para el refuerzo de las capacidades de Frontex -la Agencia europea de fronteras-; o el acuerdo sobre la Oficina Europea de Asilo, entre otras medidas.

Al mismo tiempo, los ministros de los 27 se plantean los objetivos a conseguir durante este año, un año en el que, a pesar de la crisis económica, no se debe cambiar el enfoque, basado en la promoción de la inmigración legal y el combate a las redes ilegales de tráfico de personas. Favorecer la inmigración de carácter laboral y la integración de los inmigrantes al tiempo que se refuerza el control de las fronteras y se incrementa la cooperación con terceros países es la vía para conseguir que las migraciones favorezcan tanto a los países europeos como a los países de origen de los inmigrantes.

Europa quiere combatir de manera efectiva el consumo de drogas en Europa, y para enfrentar esta lacra de manera efectiva nada mejor que desmantelar las redes que transportan de manera ilegal las drogas hacia Europa. Este es el objetivo del Pacto Europeo de lucha contra el tráfico internacional de drogas, un Acuerdo que busca combatir el tráfico de cocaína, procedente de América del Sur vía África Occidental y otras rutas, y el tráfico de la heroína procedente de Asia Central y que llega a Europa a través de Rusia, Turquía o los Balcanes.

Este Acuerdo, que sigue la línea marcada por la Estrategia Europea de lucha contra la droga, se ha alcanzado en un tiempo récord, puesto que es una iniciativa propuesta por el ministro francés Brice Hortefeux en el Consejo informal de Toledo celebrado en enero, y cuya elaboración ha sido impulsada por la Presidencia Española junto con Francia y Alemania. Este Pacto contiene una serie de medidas concretas para desmantelar las rutas de la cocaína y la heroína y luchar contra el blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga:

Lucha contra el tráfico internacional de cocaína:

• Mejorar el intercambio de información aprovechando y reforzando los mecanismos de Europol;
• Involucrar a los centros de intercambio de información situados en Ghana y Dakar;
• Mejorar los medios de interceptación de cargamentos de droga en el mar Atlántico;
• Alcanzar acuerdos de colaboración con los países africanos y los países de origen de la cocaína;

Lucha contra las redes de tráfico de la heroína:

• Reforzar la red de oficiales de enlace europeos ya existente en los países de Asia Central;
• Mejorar la cooperación con países de tránsito como Rusia o Turquía;
• Aumentar los controles de los llamados ‘precursores’ que se utilizan para cortar la droga pura.

Recuperar el dinero procedente de la droga:

• Mediante la creación de una Oficina de recuperación de los activos procedentes del narcotráfico, que se creará antes de fin de año;
• Incrementar el papel de Europol en la investigación de los circuitos de blanqueo de dinero;
• Involucrar a Eurojust como medio esencial para que se ejecuten las confiscaciones de activos en un Estado Miembro ordenadas por un juez de otro país;
• Formación de la policía de terceros países.

El Acuerdo, aprobado por unanimidad, envía una señal de que Europa enfrenta de manera unida y coordinada la amenaza que el narcotráfico representa para la salud de los ciudadanos europeos, en especial de los más jóvenes.

En el último Consejo de Ministros de Interior que presidirá Alfredo Pérez Rubalcaba se ha adoptado una Declaración Conjunta UE-EE.UU. sobre la lucha contra el terrorismo internacional que demuestra el grado de afinidad de Europa y los Estados Unidos en materia antiterrorista. Tal y como expresó el ministro Rubalcaba se trata de “un  mensaje al mundo, y a los países musulmanes en particular, sobre nuestra firmeza en la defensa de nuestros principios y valores y nuestra civilización, y de tolerancia con otros principios, valores, culturas y religiones“.

El texto muestra el cambio registrado tras la llegada de Obama a la Casa Blanca y del acercamiento a los planteamientos europeos en la lucha contra el terrorismo, sobre todo si tenemos en cuenta las diferencias con la Administración Bush por cuestiones como Guantánamo, los abusos en las cárceles de Bagram y Abu Ghraib o los vuelos secretos de la CIA. La Declaración implica un acuerdo sobre los principios que deben guiar la lucha antiterrorista y las acciones a desarrollar a corto y largo plazo:

Principios comunes:

• Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional;
• No hay motivo alguno que justifique el terrorismo;
• Perseguir, juzgar y encarcelar a los terroristas
• Las víctimas deben ser protegidas;
• Al mismo tiempo, se deben prohibir las torturas y los métodos degradantes en la lucha antiterrorista;
• Evitar los perfiles de posibles terroristas basándose en estereotipos o en la discriminación racial;
• Asegurar a los presuntos terroristas un proceso legal justo;
• Perseguir al personal al servicio del Estado acusado de haber cometido abusos contra los detenidos;

Además, acuerdan continuar la cooperación en el corto y medio plazo:

• Continuar el intercambio de información;
• Cooperación en la prevención e investigación de los actos terroristas y en el procesamiento de sus autores;
• Proteger los datos personales;
• Mejorar la seguridad en las fronteras;
• Prevenir la financiación del terrorismo mediante el intercambio de información;
• Fortalecer el régimen internacional contra el terrorismo, favoreciendo Acuerdos Internacionales y reforzando el papel de actores como Naciones Unidas;
• Luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estrategia a largo plazo:

• Fomento de la democracia y los Derechos Humanos;
• Enfrentar el extremismo en el interior de nuestros países;
• Impulsar el rol de la sociedad civil;
• Adoptar medidas “para enfrentar las condiciones que conducen a la radicalización“;

Sin duda, un texto con un marcado acento español si vemos ideas como el rol de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo o la protección de las víctimas. Se trata de una Declaración cuyo carácter multilateral y legalista se aleja del concepto de ‘Guerra contra el Terror’ de George Bush, basada en las guerras preventivas, la tortura, las cárceles ilegales y los enjuiciamientos sin derechos. En conclusión, un éxito que demuestra que el refuerzo de la cooperación con Washington en materia JAI, una prioridad de la Presidencia Española, se ha conseguido con creces.